TINIXARA GUANCHE
Parlamentaria de Elkarrekin Podemos
¿Cómo valoras la reforma de la ley propuesta por PNV-PSE?
Sinceramente, la valoración es de preocupación. Estando en
un tiempo de oportunidad histórica para avanzar y dar pasos hacia colocarnos
como un referente de protección de la ciudadanía, con la reforma que presentan
PNV y PSE, damos pasos hacia atrás.
Pasos hacia atrás en la forma de presentar esta reforma. La
presentan dos partidos en lugar del Gobierno, incumpliendo el mandato
parlamentario y poniendo sobre la mesa una propuesta que no da garantías de
ningún tipo. Esta forma de presentación como proposición de ley por parte del
PNV y el PSE, supone que la propuesta viene sin informe económico, cuestión
vital en una propuesta de este tipo; sin informe de impacto de género, cuestión
inaceptable y sin informe jurídico que es, si cabe, una de las cuestiones que
más nos preocupan en Elkarrekin Podemos.
Esta propuesta viene a poner sobre la
mesa cuestiones jurídicas de dudosa legalidad como la aplicación de la
identificación a través de la huella digital a través de una disposición de la
ley y la aparición de la figura del cooperador necesario que es una figura
penal que sólo está capacitado para definir un juez.
Estamos preocupadas porque además de las dudas y de la
inseguridad que supone presentar una proposición en estas condiciones en algo
que afecta a un derecho fundamental para la ciudadanía, vemos una propuesta que
pretende dar pasos hacia atrás en un derecho social básico. Limitar a una, las
unidades de convivencia por domicilio, es una aberración que va a dejar fuera a
miles de personas y que va a ocasionar una cantidad de situaciones injustas y
de pérdida de derecho, que aún no podemos ni imaginar. Estamos ante dos
partidos que en lugar de apoyar a la gente que más lo necesita, las condenan a
la precariedad recortando un derecho básico.
¿Dónde se recorta?
Queremos ser cautas en la valoración, puesto que es una ley
que tiene mucha letra pequeña y acaba de llegar. Sobre la propuesta presentada,
y en una lectura inicial vemos varios ámbitos de gran riesgo:
1. La arbitrariedad. Vemos un montón de espacios de la
normativa propuesta que se dejan a desarrollo reglamentario y que hacen que la
propuesta suponga un nuevo escenario de inseguridad jurídica para la
ciudadanía. Los decretos, los aprueba el Gobierno, sin obligación ni necesidad
de diálogo, sin voluntad de consensos. Dejando que sea esta la herramienta que
va a desarrollar, por ejemplo, lo que es un “uso adecuado de los recursos” o
“los gastos estrictamente básicos” que puede o no tener una familia, corremos
un riesgo tremendo de hacia dónde va y cuánto pueda proteger esta propuesta.
Recordemos que uno de los espacios que esta reforma vino a “ordenar” es
precisamente el de la actual arbitrariedad que Lanbide impone a las personas
perceptoras de RGI.
La unidad de convivencia única. La apuesta por que sea
una, la unidad de convivencia por domicilio implica por un lado, un desapego
terrible de PNV y PSE de la realidad social de este país. Con un precio medio
de 870€ de alquiler en Euskadi, es una locura, además de una irresponsabilidad,
plantear que compartir vivienda es un hecho coyuntural. Pero no solo. Es una
aberración imaginar que si yo vivo en una casa compartiendo piso con alguien
que no conozco, para poder tener cubierto mi derecho a tener un mínimo de
ingresos, tenga que compartir con esa desconocida mis ingresos, mis gastos y mi
vida económica. Es un paso más hacia la intromisión de Lanbide en la vida
privada de las personas entendiendo que además de estar en situación de
pobreza, deben ser tutelados como si no tuvieran capacidad de decisión por sí mismas.
2. El control sobre la protección. En esta propuesta no
vemos ningún paso hacia que la normativa respete a las personas y busque
protegerlas. Es más lo contrario. Vemos una propuesta de régimen sancionador
que recupera las suspensiones cautelares, que es extremadamente duro a la hora
de imponer castigos a las personas perceptoras y que no resulta proporcional ni
tiene en el centro otra cosa que no sea el discurso de Maroto o de Rementería
sobre el control en un ámbito en el que resulta sencillo y manejable, imponer a
personas que no pueden defenderse por falta de herramientas, situaciones invisibles.
Consideramos que es preciso cambiar el paradigma y que la normativa
se centre en proteger y no en controlar. Hay que ser exquisitas con el dinero
público, claro que sí, pero centremos las energías en arreglar el enorme fraude
fiscal que supone pérdidas de miles de euros anuales hacia paraísos fiscales, o
hacia los bolsillos de más de uno. Hay que ser exquisitas con el dinero
público, insisto, con el de la RGI que no llega a un 1% y que tiene más de un
50% de pagos indebidos por parte de un Lanbide absolutamente ineficiente, y el
del fraude fiscal o las grandes empresas
que es el que de verdad, nos empobrece a todas.
4. Las mujeres desaparecen de la prioridad de Lanbide. En
esta proposición se genera un saco estándar de “víctimas de violencia en el
ámbito de la familia” que viene por un lado a invisibilizar la protección
específica, especializada y prioritaria que deben tener las mujeres
supervivientes de las violencias machistas en un espacio en que hay otras
víctimas. No vamos a entrar a generar espacios excluyentes. Nos parece muy
positivo que se reconozca una medida de discriminación positiva para el
conjunto de personas que sufren violencia en el ámbito de la familia, pero no
entendemos la incoherencia de querer reformular la concepción y definición
legal actual de víctima en el Parlamento y en el mismo espacio, desaparecerlas
de un derecho tan fundamental para poder romper con la lacra de las violencias
machistas, como el derecho a la garantía de ingresos.
5. Las Ayudas de Emergencia y la Prestación de Vivienda. Colándolo
de rondón en un espacio copado por la RGI, se juega a modificar de tapadillo fórmulas
en las AES y a eliminar la prestación de vivienda. Estas decisiones, lo que
provocan es dejar a la gente sin protección y reducir coberturas bajo palabras
grandilocuentes que intentan esconder recortes, en toda regla.
Habrá más y se podría hacer una valoración muy técnica o
extensa pero a grandes rasgos, lo que estructura la reforma está descrito.
¿Qué proponéis desde Elkarrekin Podemos?
Hemos propuesto una reforma integral que se asienta en los
siguientes pilares:
- Mejorar la cobertura de las personas. Ampliar y ensanchar
el derecho a la garantía de ingresos mediante una batería de medidas como bajar
a los 18 años la edad de acceso a la RGI o aumentar y homogeneizar los límites
de patrimonio de capital y mobiliario posibilitando que más personas en
situación de necesidad, puedan acceder al derecho. Sabemos que hay casi 60.000
personas que se están quedando fuera de todos los dispositivos de protección
social y esto es algo que debemos solucionar de inmediato porque esas personas,
no pueden esperar ni ver cómo se regatea con sus derechos sin que a nadie, le
pase factura.
- Respeto y protección de las personas. Medidas para un
cumplimiento estricto de la protección de datos y de la interpretación de la
normativa (lectura de los principios como elementos que están más que para
“adornar”) en favor de las personas. Esto es: cumplir la ley de protección de
datos, en especial lo que tiene que ver con la identificación biométrica y los
datos sensibles por un lado, y por otro, incorporar el principio de interés
superior de niñas, niños y adolescentes para que no pueda haber suspensiones o
extinciones en hogares con menores, imponer la igualdad entre mujeres y hombres
y transversalizar la perspectiva de género en la aplicación de la ley.
- Coordinación y mejor atención. Queremos desvincular el
derecho a la garantía de ingresos del empleo o los servicios sociales porque
entendemos que ha de ser un derecho que no se supedite. Un derecho de primera.
Es cierto que las personas pueden necesitar acompañamiento, facilitémoslo
garantizando que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, se dedica a lo que les es
propio y no continúe siendo un espacio al que las propias responsables, no
mandarían a sus hijas o hijos.
- Una ley potente para un derecho prestigiado. Planteamos
que en la normativa se recojan cuantas cosas sean necesarias para eliminar la
arbitrariedad y la crueldad actual. Es indispensable que se prestigie el
derecho para eliminar el camino recorrido hasta ahora en que el derecho de la
gente a tener un mínimo cubierto, se ha convertido en una moneda de cambio para
obtener réditos electorales.
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