Hace unos quince meses
que mantuvimos la primera de las reuniones con el comité de empresa de La Naval. Como concejal
resulta especialmente complicado mantener una reunión "aséptica"
cuando del otro lado de la mesa está el vecino de tu ama, o el aita de una de
las chavalas que entrenaste en la juventud. Era septiembre de 2017, y el comité
lo tenía claro. Responsabilidades privadas y públicas al margen, se trataba de
buscar entre todas una solución para el astillero, y ésta dependía en gran
medida del papel que las instituciones asumiesen en el proceso. Pero la
respuesta de las instituciones ha sido, por ponerle un adjetivo amable,
tibia.
Y aquí estamos, a falta
de unos pocos días para que el ERE de extinción pueda dejar en la calle a toda
la plantilla. Ezkerraldea puede perder definitivamente en unos pocos días unos
180 empleos industriales directos, y otros 4.000 indirectos. Y sí, desde las
instituciones y la política, hay responsabilidades con el empleo.
Y existen alternativas,
pero todas ellas pasan por un cambio en las políticas que se vienen
desarrollando en nuestra comarca y municipio durante décadas de connivencia
PNV-PSE. Y para muestra un botón: sorprende que la ponencia para la recuperación
socio-económica de Ezkerraldea, aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco,
haya sido transformada por PNV y PSE en puro fuego de artificio, con más de lo
mismo, como por ejemplo la creación de más “parques empresariales o
tecnológicos”, cuando los que tenemos están medio vacíos. Mientras pasan
por alto medidas prioritarias como mantener el empleo existente, como es salvar
La Naval.
A nivel municipal por ejemplo, un
ayuntamiento tiene escasas competencias en materia de empleo... o eso nos han
hecho creer. Pero si echamos la vista atrás, vemos que no es así. A principios
de los 90, las brigadas municipales de Barakaldo superaban la centena de
empleos directos; hoy en día apenas superan la docena. PSE y PNV han apostado
por sub-contratar sistemáticamente hasta el mantenimiento de las farolas,
llegando a extremos absurdos como mal-vender una máquina desbrozadora de
propiedad municipal, para después tener que sub-contratar su servicio
anualmente.
Se puede hacer política
municipal como dique de contención ante la precariedad. Se puede municipalizar
servicios como han hecho en las ciudades del cambio, anteponiendo la calidad
del servicio y el empleo, a supuestos ahorros económicos (recordemos, que la
mayoría de los gastos en salarios revierten de nuevo en el municipio). Se
pueden incluir cláusulas sociales, para que las empresas sub-contratadas
cumplan con unos mínimos sociales y medio-ambientales. Se puede apostar por
planes de empleo que vayan más allá de puestos para seis meses pagados por el
Gobierno Vasco. Se pueden cubrir las plazas de empleo previstas en la plantilla
presupuestaria, en vez de pagar a asesorías por distintos estudios. Por
concretar, se puede en definitiva, desde municipalizar el Servicio de Ayuda a
Domicilio, hasta dotarlo de mayor presupuesto para garantizar el salario y
condiciones de sus trabajadoras, pasando por la inclusión de cláusulas
sociales.
Que nuestros vecinos no
sean despedidos de La Naval
en cuestión de días, que nuestras personas en situación de dependencia tengan
un mejor servicio, o que el mantenimiento de nuestras farolas se haga bajo
condiciones decentes es, después de todo, cuestión de responsabilidad.
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